Modernización Administrativa de las Entidades del Estado

El papel del Estado Colombiano con la expedición de la Constitución Política de 1991, y los cambios surgidos en el ámbito internacional, ha ejecutado el tránsito de un Estado centralista, proteccionista y ejecutor a un Estado regulador y supervisor del proceso de descentralización política, fiscal y administrativa, preocupado porque el ejercicio de la función administrativa se desarrolle dentro de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad con sistemas efectivos de control y sometido a la vigilancia de la sociedad en general.

De acuerdo con lo anterior se hace necesario examinar, definir y redistribuir funciones y competencias entre el gobierno central y el nivel territorial, transformar las organizaciones mediante la fusión, cambios de naturaleza jurídica, supresión de dependencias, liquidaciones de entidades o ajustes en su planta de cargos por asignación, ineficiencia o duplicidad de funciones, para ajustar el aparato estatal a las nuevas exigencias.

La intervención del Estado se ha reorientado en los siguientes aspectos:

Estado planificador
Mediante la formulación de la política económica, social, ambiental y los lineamientos generales a nivel nacional y regional, a través de la planeación concertada, la concreción de planes territoriales de acuerdo con las demandas, necesidades y expectativas de la comunidad, con el fin de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones.

Dirección estatal e intervención en la economía
Se trata de la intervención del Estado en la dirección general de la economía, mediante la delimitación del alcance de la libertad económica y el ejercicio del pleno empleo; en los servicios públicos y privados, procurando que las personas de menores ingresos tengan acceso a los servicios básicos, en la explotación de los recursos naturales, en la distribución, utilización y consumo de los bienes, para lograr una equitativa distribución de oportunidades, de ingreso, mejorando así la calidad de vida de los habitantes.

Regulación
Estado formulador de políticas y regulador mediante la intervención del gobierno en las actividades políticas, económicas, laborales y en aquellas tendientes a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares, fortaleciendo el ejercicio del control interno, tarea esencial de las entidades territoriales.

Descentralización política, fiscal y administrativa
Mediante el fortalecimiento de la democracia participativa y el diseño de mecanismos para trasladar funciones, competencias, responsabilidades y transferir recursos a los entes territoriales, vinculando a la comunidad en el desarrollo, administración y autonomía en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos, lo cual trae como consecuencia la revisión de funciones y reducción del tamaño de las entidades nacionales. Se hace énfasis en un Estado participativo que establezca los mecanismos y facilite la intervención de los ciudadanos a través de la participación en el control y fiscalización de la administración pública.

Eficiencia del Estado
Mediante la modernización y tecnificación de los servicios a cargo de las organizaciones estatales, la racionalización de la gestión y del gasto público, la flexibilización y reducción de los niveles jerárquicos intermedios en las estructuras administrativas, el fomento de la participación y el trabajo en equipo para potencializar resultados y otorgar más y mejores servicios, en cumplimiento de uno de los fines sociales del Estado “garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población” mediante la relación óptima de los recursos
invertidos y los resultados obtenidos.

Se requiere por tanto de compromiso de los organismos, para examinar sus funciones y trasferir aquellas que puedan ser desempeñadas en mejor forma por los particulares, por cuanto algunos servicios pueden ser prestados por las comunidades organizadas o por el sector privado mediante la contratación con terceros o recurriendo a su privatización e igualmente revisar los procesos, e implementar sistemas de eficiencia y control mediante la evaluación de resultados. Según la Constitución y la ley, a la entidad le corresponde cumplir con lo misional con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad desde lo institucional en apoyo a las actividades programadas en el plan de desarrollo. Para cumplir con las anteriores funciones la entidad debe tener en cuenta los siguientes principios y reglas generales en cuanto a organización y funcionamiento:

• Responder a la necesidad de hacer valer los principios de eficiencia y racionalidad de la gestión pública, en particular evitar la duplicidad de funciones.

• Garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen según su competencia y a los estatutos aprobados por la norma respectiva.

• La organización adoptada por la entidad debe contribuir eficazmente al logro de los objetivos institucionales, al desarrollo de sus funciones y al uso racional de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

• Abrir espacios de discusión que impulsen el debate y la participación ciudadana como mecanismos que faciliten la toma de decisiones, el control y evaluación social de la gestión y rendición de cuentas sobre el logro de los
  objetivos y metas definidas en los planes de acción.
  

• Analizar los cargos que sean necesarios y distribuir las funciones específicas que en ellos se desarrollan.

• Identificar la población objetivo a la cual se orienta la acción de la entidad y los productos o servicios que esta ofrece.

En síntesis el fin primordial de estos procesos de modernización de las entidades estatales es fundamentalmente mejorar el desempeño administrativo y organizacional tanto en el nivel Nacional, Departamental y Municipal, en sus diferentes órdenes, así como en aquellas descentralizadas y autónomas.